Siempre que brota una crisis de seguridad, una ola de secuestros o algún crimen emblemático que escandaliza a la sociedad, la reacción de gobernantes, legisladores y opinión pública es gritar: “endurezcamos las penas”, “aumentemos los años de cárcel”, “pena de muerte a secuestradores y asesinos”, entre otras cantaletas. Es comprensible que el enojo derive en sed de venganza y castigo, pero ¿de qué sirve incrementar las sanciones si el sistema judicial y penitenciario mexicanos hacen pagar a justos por pecadores? Por ahí se debería empezar.
Esto viene a cuento porque según un estudio del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, cuyas conclusiones se publican hoy en estas páginas, cuesta al erario 4 mil 400 millones de pesos al año mantener a los 93 mil 880 reos que habitan los 429 penales del país. En sí mismo el costo no dice nada, porque incluso si fuera el doble o el triple el dinero estaría bien empleado siempre y cuando la estancia en prisión rehabilitara socialmente a los internos. El problema es que no sólo ese objetivo no se cumple, sino que sucede lo contrario. Ser recluído en uno de esos centros implica recibir un curso intensivo en criminalidad. No se separa a detenidos por delitos menores de los más peligrosos asesinos o secuestradores. Asimismo, sobrevivir al encierro requiere de participar en la corrupción y el autogobierno impuesto por los más sanguinarios reos. Quien cumple su sentencia vuelve a las calles con más motivos para delinquir de los que tuvo al ingresar al penal.
La población carcelaria sin sentencia —es decir, legalmente inocentes— equivale a 41% del total. El penoso y largo trámite de un proceso penal en el país llega a durar 10 años y los responsables de esta negligencia son los jueces. Mientras esperan la resolución del juzgador, miles de personas —sin habérseles probado todavía nada— conviven a diario con violadores, secuestradores y asesinos. Además, “la gran mayoría de la población recluida tiene condenas por robos simples: 25% por robos de menos de mil pesos; alrededor de 50% de menos de 6 mil, y sólo 5% por más de 75 mil”, dice el estudio de la Cámara de Diputados. Gastamos los contribuyentes 4 mil 400 millones de pesos en un aparato que se dedica a violar constantemente la presunción de inocencia.
El error de la clase política mexicana es centrar la lucha contra la criminalidad en la persecución policial y el endurecimiento de las sanciones. Desestiman que la única forma solucionar la inseguridad es con un sistema judicial profesional, con Ministerios Públicos y jueces obligados e incentivados a concluir los procesos de forma expedita y rigurosa, así como con un sistema penitenciario que no tenga sólo el enfoque de “castigar” o recluir a los reos, sino de rehabilitarlos.
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